La reforma al Código de Comercio de 2011, introdujo la oralidad en materia mercantil a nivel nacional; sin embargo, más allá de lo estipulado en el Código de Comercio, el “Diagnóstico de la implementación de los juicios orales mercantiles en México”—elaborado por el Banco Mundial en 2016— muestra que, a pesar de que algunas entidades han avanzado notablemente en este proceso, aún existen diferencias considerables en el grado de implementación local. Así, a efecto de que el desarrollo de una disputa comercial implique menos tiempo y se vuelva un proceso más ágil y cercano a las partes, disminuyendo los costos e incrementando la certeza jurídica, se requería acelerar la transición del modelo escrito al modelo oral en todas y cada una de las 32 entidades federativas.

Por lo anterior, la COFEMER convocó a diversos socios estratégicos entre ellos el CIDE, la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), el Poder Judicial de la Ciudad de México, el INEGI, con el objetivo de integrar mesas de trabajo en diferentes ejes –, Estructuras Organizacionales y Salas de Audiencias, Capacitación y Sistema de Estadística Judicial - en donde con la participación de expertos se lograron diseñar diversos elementos que lo conformarían, como el Diagrama del Flujo del Proceso Oral Mercantil y el listado de variables básicas. Tomando como referencia la estructura del Marco Conceptual de la materia Penal Oral, en este Estándar se incluyeron aspectos como las especificaciones técnicas para asegurar la inclusión de estas variables en los sistemas de gestión o de información de los tribunales, y las recomendaciones sobre los recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de las áreas estadística.