Así lo planteó el presidente de la Conatrib, y dijo que ese ordenamiento generará un sistema más democrático de administración de justicia.

Durante el proceso legislativo, advirtió que, sin subsidio económico suficiente a los tribunales, la aplicación de la nueva disposición podría verse afectada en su implementación.

Tras la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, confió que esta semana ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, pues enfatizó que se genera un sistema más democrático de administración de justicia, de respeto a los derechos humanos y de condiciones de igualdad y no discriminación para los justiciables, igual para todas las entidades.

Durante el proceso legislativo, y en el marco de la presentación del proyecto del código ocurrida el 14 de marzo pasado, el magistrado advirtió que, sin subsidio económico suficiente a los tribunales, la aplicación de la nueva disposición podría verse afectada en su implementación.

México, dijo, está frente a la oportunidad histórica de contar con mecanismos y herramientas útiles para resolver las controversias entre particulares, con lo que se reducirá la conflictividad social con mayores y mejores condiciones de acceso a la justicia.

Aseguró que con la nueva legislación el país está ante un momento histórico para trascender a un nuevo sistema de impartición de justicia que no sólo resuelva conflictos entre las personas, sino que garantice un sistema democrático de respeto a la autonomía de los poderes judiciales y la división de poderes propio de un país democrático.

Recordó que la Conatrib, en su momento, contribuyó en el proyecto del citado código, para lo cual se nombró a una comisión que coordinó los trabajos de recepción de propuestas de todos los poderes judiciales estatales, basadas en los siguientes ejes: continuidad y consolidación de la oralidad; aprovechamiento de las herramientas probatorias en el desarrollo de las audiencias; nueva metodología en la ejecución de sentencias para agilizar su cumplimiento; uso de las tecnologías de la información en la impartición de justicia, y sistema impugnativo para aprovechar los beneficios de la oralidad.

Subrayó que habrá una homologación de los procesos en ambas materias, civil y familiar, producto de una única disposición jurídica, lo que hará posible un mejor entendimiento por parte de los ciudadanos, y recordó que se cuenta con el compromiso de los diputados para aprobar el citado código, lo que se prevé pueda ocurrir este mismo mes, para ser promulgado a la brevedad.

Respecto a la aprobación de esa legislación en el Senado, la cual calificó como inédita e histórica, al registrar una votación unánime, y reconoció el compromiso del presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, Ricardo Monreal Ávila, así como también de la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero.

Agradeció a magistrados y jueces de los poderes judiciales locales por sus propuestas y aportaciones, así como a abogados postulantes, académicos y a la sociedad civil; también a los legisladores, y subrayó que se trató de un proceso incluyente e integral.

También reconoció al entonces senador Julio Menchaca Salazar, quien junto con el senador Monreal, en su momento, hicieron suyo el proyecto y presentaron la iniciativa de ley. Además, reconoció la disposición de la diputada Aleida Alavez Ruiz, por el impulso que ha dado a la aprobación del código en la Cámara de Diputados, y quien expresó que en esa instancia legislativa hay consenso para su aprobación.