Así lo alertó el presidente de la Conatrib, mag. Rafael Guerra Álvarez, en la Cámara de Diputados, al advertir sobre la urgencia de que el Poder Legislativo

expida esa normatividad.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Moreira Valdez, se pronunció porque el código que se apruebe sea de un horizonte prolongado.

El reclamo social y económico para la solución de conflictos ha incrementado por carecer de disposiciones legales uniformes en todo el país, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, al acudir a la Cámara de Diputados acompañado por integrantes de la organización, para alertar sobre la urgencia de que se expida el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).

Con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Moreira Valdez, y de la coordinadora del grupo de trabajo de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavez Ruiz, el magistrado dictó una conferencia en la que destacó las virtudes de la propuesta en la materia elaborada por la Conatrib, producto del análisis de 246 ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, así como diversos precedentes jurisprudenciales, reglamentos, acuerdos y circulares.

En su alocución, y con la asistencia del presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Espino de la Peña, se refirió a la importancia de contar con poderes judiciales fuertes, autónomos e independientes, libres de influencia exterior, garantes de la resolución de controversias de forma objetiva e imparcial.

Por ello, planteó que es “sumamente trascendental” la aprobación de la iniciativa de reformas a los artículos 116, fracción III, y 122, fracción IV, de la Constitución, para garantizar y fortalecer la autonomía e independencia de los poderes judiciales locales.

En su oportunidad, el diputado Moreira Valdez se pronunció porque el código que se expida no sea objeto de modificaciones en el corto plazo por no estar apegado a la realidad o por omisiones; que se trate, dijo, de un documento de un horizonte prolongado.

A su vez, la diputada Aleida Alavez Ruiz afirmó que el CNPCF será una legislación de gran trascendencia, porque en algún momento de la vida todos podrán invocarla para resolver alguna controversia, por lo que consideró que debe garantizar una justicia pronta, expedita y accesible a pesar de las diferencias y de las condiciones de cada persona.

Guerra Álvarez también enfatizó que el CNPCF que se apruebe en el Poder Legislativo debe dotar a los juzgadores de mayores herramientas para satisfacer las necesidades de una justicia cotidiana que requieren las personas, que sea un instrumento que facilite resolver conflictos y no una enorme y larga pelea.

“Debe ser un arma que garantice a las personas confianza y certeza en sus instituciones, no un flagelo de incertidumbre”, insistió.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México expresó la necesidad de que se apruebe una Ley General de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, que prevea el uso de mecanismos alternos a los juicios antes, durante y después de iniciado el proceso judicial.

“Incluso durante la etapa de ejecución de sentencia, de tal suerte que siempre pueda privilegiarse el cumplimiento voluntario de obligaciones sin dilatar procedimientos, generando una cultura que privilegie la solución del conflicto sobre el pleito legal”, abundó.

El magistrado mencionó algunos aspectos que se deben incluir en el CNPCF, entre éstos, desarrollar y consolidar el sistema de impartición de justicia oral, con el beneficio de procedimientos jurisdiccionales de corte adversarial sustentado en el sistema de audiencias; privilegiar y aprovechar los medios alternativos de solución de controversias; redistribuir roles y cargas procesales de litigantes y juzgadores; aprovechar los beneficios del juicio oral en la etapa de ejecución de sentencia, y posibilitar instituciones procesales modernas, como el interrogatorio libre.

Asimismo, prever el desarrollo de sistemas y plataformas electrónicas que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información en la administración e impartición de justicia; garantizar el desarrollo de estándares mínimos y uniformes en las prácticas de impartición de justicia; dotar a los poderes judiciales de recursos e infraestructura mínimos indispensables para aplicar las disposiciones del CNPCF, y establecer bases jurídicas para la aplicación e interpretación del citado ordenamiento con perspectiva de derechos humanos.

En tanto, presidentes de órganos judiciales locales abonaron en la urgente necesidad de contar con el CNPCF, en una ronda de discursos en la que se advirtió que mientras el presupuesto de los poderes judiciales estatales es de alrededor de 48 mil millones de pesos anuales, el del Poder Judicial de la Federación ronda los 70 mil millones de pesos, con una carga de expedientes por resolver mucho menor.

A la reunión asistieron los presidentes magistrados Alejandro Fragozo López, de Baja California; Felipe Mery Ayup, de Coahuila; Mariela Ponce Villa, de Querétaro; Ramón Guzmán Benavente, de Durango; Héctor Sánchez Sánchez, de Puebla; Jesús Chávez, Rangel, de Sinaloa, y Mary Cruz Cortés Ornelas, de Tlaxcala

Asimismo, Virginia Lizama Centurión, de Campeche; Bernardo Salazar Santana, de Colima; Rosa Medina Rodríguez, de Guanajuato; Raymundo Casarrubias Vázquez, de Guerrero; Yaneth Herrera Meneses, de Hidalgo; Daniel Espinoza Licón, de Jalisco; Luis Gamboa Olea, de Morelos, y Olga García López, de San Luis Potosí.