Así lo subrayó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado Rafael Guerra Álvarez, en el foro Hacia una Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias.

La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, urgió a que los gobernadores volteen a ver a sus poderes judiciales en cuanto a su presupuesto.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) y la próxima emisión de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) son el sustento ideológico de la “revolución jurídica más importante del país”, con la que el sistema de impartición de justicia busca garantizar apertura, seguridad, tutela jurisdiccional efectiva, igualdad y no discriminación, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez.

En el foro Hacia una Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC), y con la presencia de la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, agregó que es necesario sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la resolución oportuna y eficaz de los conflictos sin judicializarlos, mediante procedimientos alternativos que generen soluciones amistosas y una justicia pronta, digna y efectiva.

En ese marco, la senadora Sánchez Cordero urgió a que los gobernadores volteen a ver a los poderes judiciales de sus estados en cuanto a su presupuesto, porque por más glamoroso que sea inaugurar puentes o caminos la justicia es lo primordial, ya que la gente clama justicia.

En la sede del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), Guerra Álvarez planteó que los poderes judiciales deben desarrollar un pensamiento disruptivo para afrontar los nuevos paradigmas del quehacer judicial, entre éstos, la justicia oral, sistemas de gestión corporativos y metodologías estratégicas para la aplicación de los principios de oralidad en el sistema de audiencias.

“El sustento de esta evolución ha sido la aspiración de contar con un sistema de impartición de justicia más respetuoso de los derechos humanos, congruente con los estándares internacionales, con una infraestructura moderna y con mayores posibilidades y recursos para resolver conflictos”, dijo.

Abundó que, para ello, los poderes judiciales locales también deberán de desarrollar nuevas habilidades y destrezas en la actividad jurisdiccional, en el uso de tecnologías de la información, en la instrumentación de la oralidad en la ejecución de sentencias y los recursos de apelación, en la definición de estrategias de capacitación y gestión del cambio y en la socialización de los fundamentos del CNPCF.

Con la presencia de los senadores Damián Zepeda Vidales y Norberto Rojas Mancera, el también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México también planteó que, en ese contexto, se respete la independencia legal, institucional, jurisdiccional, financiera y presupuestal de los órganos judiciales estatales, para elevar la calidad de sus decisiones, y se evite cualquier acto u omisión que condicione, limite o someta su objetividad y autonomía.

En el acto, a nombre del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, celebró que el país próximamente cuente con la LGMASC, pues enfatizó que se trata de un ordenamiento que tanta falta hace, para homologar los procedimientos en la materia, pues recordó que ya existen diversas leyes locales de esa naturaleza.

En su oportunidad, la presidenta del PJEH, Rebeca Aladro Echeverría, consideró que la homologación de los criterios de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la LGMASC “nos sitúan en un momento histórico”, lo que plantea grandes desafíos que precisan de responsabilidad, compromiso y trabajo conjunto de operadores, profesionistas y sociedad.