Campeche, Campeche, 8 de julio de 2016.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, inauguró la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en el Centro de Convenciones Campeche XXI, con la participación de los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth; de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos, Magdo. Edgar Elías Azar; de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ramón Méndez, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Carlos Ortega.

arelizuarth5

El funcionario, instruyó a los presentes al encuentro abordar “de manera prioritaria” la conformación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes que ordena la nueva ley, así como la violencia de género.
Puntualizó dentro de su discurso inaugural que el gobierno de la República, está comprometido en prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Enfatizó que en este tipo de actos no se debe mediar ni buscar acuerdos ya que con esto solo se está provocando que una víctima de violencia, regrese cono parte de una estadística de feminicidio.
Reconoció la necesidad de “poner fin a la impunidad transformando los procesos y con ello ir transformando la justicia. Por eso no podemos ni debemos bajar la guardia, hay que seguir trabajando en cada frente incluyendo por supuesto la forma de procurar justicia, se trata de evaluar resultados a partir de indicadores puntuales que permitan mejorar la operación de sus instituciones. Se trata de que sin importar condición social o lugar de origen quien quiera que sea víctima de un delito tenga la certeza de que las procuradurías y fiscalías siempre estarán ahí para protegerle y defenderle. En suma, se trata de poner fin a la impunidad transformando los procesos y con ello transformando la justicia”.

13585130_495540740642343_6293867103458947365_o


 PALABRAS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CONATRIB, DR. EDGAR ELÍAS AZAR EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES.

07 de julio de 2016

EdgarElias4

 

Hace apenas unos días se cumplió el término constitucional otorgado por el legislador para dar plena vigencia y operación al Nuevo Sistema Penal Acusatorio y con ello a los mandatos que se derivan del concurso de las legislaciones locales y la articulación que supone ahora el Código Nacional de Procedimiento Penales.

Dicho término es de arranque y no conclusivo; el Sistema Penal apenas empieza y con él los retos que impone su naturaleza oral, transparente y expedita.  Por eso hoy, aquí, frente y junto a ustedes, quiero poner énfasis en uno de los temas pendientes de la justicia, que laceran a la sociedad y vulneran tremendamente la credibilidad en instituciones mexicanas y estoy seguro de que de no atenderse habrá de minar nuestro nuevo sistema penal.

Para poder avanzar necesitamos hacer un ejercicio autocrítico y honesto de cara a la sociedad, que exige y quiere un sistema judicial eficaz, eficiente y objetivo. Ya no podemos seguir postergando problemas y soluciones, no es ético ni es responsable. Hoy quiero invitarlos estimadas amigas y amigos a que compartamos esta reflexión con miras a poner solución de corto, mediano y largo plazo.

Hace doce años dio inicio la integración del banco nacional de perfiles genéticos que a la fecha integra aproximadamente 30 mil muestras de ADN provenientes de cadáveres de personas no identificadas, así como de familiares de personas desaparecidas e incluso de delincuentes. El sistema descansa a su vez en una plataforma tecnológica denominada CODIS adquirida apenas en el 2011. Se estima que el incipiente servicio apenas ha servido para identificar al 3% de los cruces genéticos hechos con esa base de datos.

En el 2008 en la Conferencia Nacional de Procuradores determinó que la Coordinación General de Servicios Periciales administraría una Red Nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses. Los esfuerzos del gobierno federal han sido enormes y complejos. La respuesta en las entidades no ha tenido el mismo nivel de compromiso y permanencia.

Los resultados alcanzados a la fecha no han resuelto siquiera mínimamente el problema que enfrentamos de cara al al universo de cadáveres no identificados en el país. Tan sólo en la Ciudad de México cada año se registran un promedio de 700 cadáveres no identificados cuyo destino final es la fosa común.

La inmensa mayoría de los cadáveres que yacen en las fosas comunes  no han sido identificados por nuestra culpa, el estado mexicano es el obligado a tener la totalidad de datos que permitan identificar los cadáveres ya sea en este momento o años después, no existe en la actualidad un protocolo específico que sea utilizado por los servicios forenses para la búsqueda y identificación de personas desconocidas.

El problema en sí mismo, que es enorme, refleja además un reto estructural de mayor envergadura y alcance. El Nuevo Sistema penal exige que la investigación que realizan los ministerios públicos se apoye de manera sólida e importante en el desarrollo de acciones de investigación con mayor carácter científico, haciéndose para ello de todos los elementos técnicos criminalísticos que en muy buena medida descansan en la ciencia forense.

La estructura de los servicios periciales presenta enormes diferencias y carencias que ya están afectando la debida operación de la justicia penal. No podemos, ni debemos descansar sólo en la flagrancia como elemento único de la imputabilidad; el sistema exige que realicemos investigaciones cada vez más profundas, profesionales y apoyadas en elementos científicos para determinar de manera fehaciente la responsabilidad penal, garantizar el trato adecuado a las víctimas y resarcir a la sociedad de manera satisfactoria.

Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos padeciendo enormes deficiencias en la operación adecuada de los servicios periciales y en el desarrollo de técnicas profesionales de investigación del delito. Necesitamos dar pasos decididos, comprometer nuestras voluntades y las de otros actores en una cruzada por preparar mejor y con más recursos técnicos, tecnológicos y científicos a los servicios periciales. El perfil de este profesional ha cambiado, pero todavía no logramos hacerlo realidad en la práctica forense penal.

En el caso que nos ocupa, además, la situación de los servicios médicos forenses registra los mayores atrasos estructurales y, en buena medida, la problemática que enfrentamos en las limitadas capacidades para resolver el asunto de la identificación de cadáveres tiene que ver forzosamente con la situación que priva en dichas instituciones.

Los estados con los servicios médicos forenses en las peores condiciones, con los rezagos más lacerantes y con atrasos  técnicos y humanos inconcebibles en pleno siglo XXI son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Baja California Sur y Durango.

Por otra parte, las entidades federativas que han hecho esfuerzos significativos de inversión en infraestructura y equipamiento que no logran todavía una calidad de servicio mínima para atender la demanda de sus localidades son: Estado de México, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Nuevo León y San Luis Potosí.

No obstante todavía existen muchas carencias que, en términos generales, no nos permiten tener Servicios Médicos Forenses óptimos, hay entidades que se afanan y se acercan de manera notable. Es el caso de Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.

Toda esa información se relaciona con el interés que algunas entidades muestran en su participación en los diversos foros y reuniones nacionales. Por ejemplo la asistencia los últimos siete Encuentros Nacionales de Servicios Médicos Forenses, no obstante que a las entidades no les cuesta transportación aérea, hospedaje y viáticos que cubre el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hay entidades que no asisten como Campeche, Aguascalientes, Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas entre otros: o incluso un buen número de entidades que envían representantes sin capacidad de decisión para tomar acuerdos.

Ya los hemos diagnosticado, sabemos ahora qué necesitamos para procurar su modernización; sabemos que, por su naturaleza, requieren de equipamiento y personal altamente especializado; sabemos que el reto es enorme, pero también podemos definir con qué cosas podemos empezar y qué debemos hacer en los siguientes años para revertir este enorme rezago.

EdgarElias2

Los forenses carecen de lo fundamental para operar,  no solo de capacitación sino también de infraestructura y equipamiento; en la actualidad no es posible establecer con toda certeza resultados sin contar con equipo de última generación.  En el Sistema Penal Acusatorio es imposible participar de esa manera ya que no se podría confirmar los resultados de causas o maneras de muerte.  Además debemos considerar que la falta de higiene de las áreas de trabajo, genera altos riesgos de contraer infecciones que alteran la salud del personal pericial, agregando los pésimos salarios que perciben todos los especialistas de las diferentes disciplinas forenses.

El compromiso profesional que deben tener los peritos necesariamente se basa en los conocimientos técnicos de la materia, actualmente no es posible contar con la buena voluntad, se requieren altos conocimientos de la especialidad.

 Así por ejemplo, la desvinculación entre la formación de cuadros especializados en las universidades y la demanda de servicios. De esa manera especialidades como entomología, antropología, odontología, genética, toxicología forenses entre las más destacadas, no egresan suficientes profesionales en las entidades federativas que además se enfrentan a un mercado laboral con muy bajos salarios y prestaciones por los presupuestos públicos.

No  existe comunicación entre las entidades federativas para intercambio de información, situación que no es posible aceptar ya que en pleno Siglo XXI, en México no se conoce, en tiempo real, las características de cadáveres desconocidos, lo que obliga a los familiares a recorrer, en ocasiones, la totalidad del territorio nacional en busca de su ser querido, siendo esto obligación del estado mexicano.

Existen situaciones tan graves como homicidios suscitados en un municipio que ni siquiera la misma entidad  federativa tiene información de los cadáveres  que tienen en sus forenses, esto por falta de personal capacitado en las diferentes áreas.

En este punto es necesario hacer un compromiso serio, contundente y viable que se apoye en un verdadero plan de desarrollo que incluya todos los aspectos del sistema en su conjunto y específicamente en la estrategia a alcanzar para garantizar las metas que exige y, específicamente, por lo que respecta al tema de identificación de cadáveres desconocidos ser muy claro de cómo, cuándo y con qué habremos de lograrlo.

El tema de los recursos no es excusa porque según información  por la CONATRIB se han quedado sin ejercer centenares de millones de pesos, siendo que los servicios forenses requieren de inversión, ya que no solamente se necesita infraestructura y equipamiento, sino también prever los insumos, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y lo más importante capacitación y actualización de todo el personal pericial, ocupando ese presupuesto para cuestiones diferentes a las áreas forenses.

La conclusión es que esta falta de interés es inexplicable, el problema no lo hemos resuelto, porque no hemos tenido la voluntad política de hacerlo.

Que nos muevan las miles de familias que esperan en sus hogares noticias del familiar que no regresa, que no se sabe de su paradero. Que nos muevan las madres, las hijas e hijos, los nietos y nietas, las esposas y esposos que angustiados buscan respuestas.

Por eso creo que esos mexicanos, los familiares de las personas desaparecidas, y la sociedad en su conjunto no pueden necesariamente esperar a que acompasemos los avances y revirtamos los rezagos de este asunto atendido con parsimonia histórica, para encontrar una respuesta objetiva y contundente para localizar la identidad de sus familiares muertos o desaparecidos.

Tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos, mientras con sentido de urgencia, avanzamos en la planeación e instrumentación de medidas estructurales que tiendan a resolver las demandas del servicio pericial y de la justicia pena.

Es precisamente en ese contexto que la iniciativa impulsada por esta Conferencia a través de la Procuradora General de la República y por la CONATRIB  para acceder a explorar y consultar las bases de datos del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respetando siempre la protección de los sistemas de datos personales que impone la ley, cobra la mayor importancia como una vía para ir alcanzando esta meta humana, este derecho de los ciudadanos de saber de sus familiares, a acceder a fuentes de información que garanticen datos veraces y oportunos, que brinde certeza jurídica y social, que ayude a enfocar las búsquedas, a descartar posibilidades.

Aún así, tenemos muchos retos que enfrentar tanto jurídicos como técnicos y tecnológicos; porque la base de datos del INE, por ejemplo, está diseñada para necesidades distintas y para usuarios diversos de los del Sistema  Penal. La toma de muestras tiene algunas limitaciones a la hora de tratar de realizar el cruce adecuado de concordancias. Sin embargo estamos trabajando para que, al menos de forma temporal, podamos sacar el mayor provecho posible en beneficio de los ciudadanos.

Hoy debo insistir, a fuerza de parecer necio, en la importancia de acelerar los procesos y mecanismos que nos permitan tener una base de datos de la mayor cobertura y confiabilidad; debemos trabajar, mano con mano, ambas organizaciones de administración y procuración de justicia moviendo voluntades, proponiendo soluciones adecuadas a nuestra realidad, planeando y coordinando esfuerzos y recursos. Hoy debemos empezar, aquí y ahora, a por hacer un compromiso firme, real y concreto, poniendo voluntad y gestión a las ideas, buscando soluciones en el amplio espacio de la inteligencia mexicana, en el terreno del ingenio que antes ha logrado hazañas asombrosas. Hoy debemos cerrar filas frente a este reto que también daña la imagen y postura del Estado Mexicano ante los organismos internacionales; no podemos ver venir la tempestad y no estar listos para enfrentarla.

Hay en las entidades del país muchas carencias, pero también mucha inteligencia e ingenio; no hay recursos económicos suficientes nunca, pero hay capital humano y experiencias compartidas; hay dispersión de información, pero hay generosidad de otras entidades vecinas para compartir experiencias y casos de éxito. Hay, en resumen, corazón e inteligencia, pongamos también una voluntad férrea en estas tareas que nos demanda la ciudadanía.

 13533345_495540687309015_7732458976069078987_n

TRATA DE PERSONAS Y VILENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Quiero referirme a otro asunto que tiene la intención de hacer aquí, entre nosotros, amigos y aliados, un ejercicio de conciencia y de congruencia; de alta reflexión, pero también de serio compromiso con la justicia, con lo que hacemos día a día. Este es un tema que, como el anterior, integró los trabajos de nuestra reunión conjunta de diciembre pasado; pero como el anterior, vuelvo sobre nuestros pasos para resaltar su importancia y no dejarlo seguir el cauce, a veces engañoso de sentir que por haberse tratado se ha solucionado o estamos en vías de hacerlo. Nada de eso, por el contrario.

Hace apenas unas semanas nuestro Tribunal y la CONATRIB fueron invitados por el Estado Vaticano en el que fue reconocida la judicatura mexicana en el mundo como una de las que más sentencias sobre trata de personas han dictado, con el propósito de estimular a los distintos países del mundo a seguir avanzando en esta lucha ingente y difícil con un flagelo global; con este monstro de cien cabezas.

El asunto me obliga a una reflexión desnuda, verticalmente honesta, porque en el fondo del análisis caí en la penosa cuenta del estado de esta situación en el país y en el mundo. En México sólo dos entidades reportan el mayor número de sentencias contra este delito: la Ciudad de México y Chiapas. El resto de las entidades federativas no registran o registran niveles muy bajos en la materia. Campeche, por ejemplo, apenas la semana pasada dictó su primera sentencia en esta materia.

La nota distintiva es que en Latinoamérica somos líderes en una situación de magredad y bajos resultados, lo que es, sin duda, una señal de alerta para toda la región.

En el periodo de 2009 a enero de 2016, estados como Colima, Baja California Sur, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas reportan que no han dictado ninguna sentencia contra estas conductas.

Por otra parte, en el mismo periodo, las entidades con 1 a 3 sentencias reportadas son: Coahuila, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, y Yucatán.

Por otra parte, la armonización legislativa local en materia de trata de personas a diciembre de 2014 todavía reflejaba rezagos en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Tabasco, Sonora, Baja California Sur, Yucatán y Zacatecas entre los más destacados.

No obstante que en México, del año 2009 al 2015 las sentencias para este delito emitidas, fue un total de 570, de las cuales 551 fueron dictadas por las entidades federativas y 19 por la federación, de este total la Ciudad de México es la entidad que más sentencias ha dictado en ese periodo con un total de 211 sentencias, lo que representa el 38% respecto del total de las sentencias dictadas a nivel nacional en el fuero común. Por lo menos el 72% de las sentencias fueron condenatorias, las personas sentenciadas habrían sido 733 y el número de víctimas involucradas en estos delitos eran 951; las cifras distan todavía de representar una proporción aceptable entre la actuación delictiva y el castigo punitivo que señale con contundencia una acción decidida por parte de las autoridades.

Del análisis se desprenden diversos factores que inhiben un ataque decidido a estas nuevas y perversas formas de esclavitud y explotación humana que afecta principalmente a mujeres y niños. Desde las culturales en las que hemos aprendido a vivir y a lo mejor a convivir en algunas localidades, incorporándolas a la “normalidad” de nuestra vida cotidiana; hasta los aspectos estructurales vinculados la pobreza y a la corrupción como una forma de economía de escala.

Es tan “normal” que lugares destinados a este giro convivan muy cerca de escuelas, iglesias, procuradurías y tribunales; parece tan “normal” que en algunas entidades del país, especialmente en la frontera, se anuncian con carteleras y espectaculares vistosos, sin el menor cuidado o pudor frente a las familias que transitan por calles y avenidas, exponiendo abiertamente los contenidos sexuales de su giro y de su explotación humana.

Gobernadores y procuradores que transitan y ven todos los centros de trata y lenocinio sin hacer nada, en aras de esa “normalidad”. Lo absurdo es que en algunos estados se afirma políticamente que no hay trata en sus territorios.

Es cierto que la globalización le ha venido a dar una potencialización al crimen organizado que se diversifica o tiene como único giro dicha actividad nefasta; pero también lo es que  desde antes las prácticas de trata y explotación de personas con fines sexuales era ya una dinámica productiva de dicha economía delictiva. Muy auspiciada por similares condiciones.

La trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable del planeta, sólo detrás del narcotráfico. Se reportan por Naciones Unidas ganancias de tan infame procedencia por más de 35,000 millones de dólares americanos al año. De ahí su enorme potencial dañino; su atractivo para muchas empresas criminales; su capacidad de movimiento global; y la complejidad para su prevención y erradicación.

Se calcula que cada año se dedican a esa criminalidad más de 800,000 personas a lo largo y ancho de la Tierra. Se han identificado por las agencias internacionales más de 2 y medio millones de personas víctimas de esta práctica tan cruel y devastadora, pero bajo la circunstancia de que la cifra negra en  esto es muy notable, pues se calcula que se identifica sólo a una víctima por cada 20 realmente sometidas al crimen organizado para sus propósitos.

Así las cosas, cerca de la mitad de las víctimas son explotadas para el comercio sexual y poco más del 35% se dedican a la explotación laboral en diversas formas de servidumbre e incluso esclavitud; y del total victimizado, sólo el 15% se trata de varones mayores de edad, pues las mujeres adultas comprenden más del 60% de personas explotadas y son niños y niñas, menores de 15 años de edad el resto de personas que sufren está acción tan atroz e intolerable.

En la Ciudad de México y en Chiapas el combate no sólo ha sido decidido; la unión de esfuerzos entre las procuradurías y los Tribunales ha sido constante y asertiva. Los conversatorios, el seguimiento estadístico y las sesiones de seguimiento regulares nos han ayudado sin contemplación a atacar, con todo, esta terrible actividad delictiva.

De ninguna manera hemos cantado victoria, de ninguna manera es una enfermedad erradicada. Hemos visto con preocupación cómo estos giros y su red de explotación se han trasladado a otras entidades vecinas cuando han visto afectado su modo de operación. Nos preocupa ver que estamos lejos de haber resuelto el problema en la medida que haya condiciones propicias para su prevalencia y que la fragilidad de algunas instancias locales propicie no sólo expansión, sino también nuevas formas de arraigo en este negocio perverso.

La alta capacidad financiera de éste nuevo Crimen Organizado, su evidente capacidad corruptora, de infiltración, de innovación, de reclutamiento, de mecanismos ofensivos y defensivos; su propia cohesión y moral de grupo, convierte a estos delincuentes del nuevo milenio, en grupos casi imbatibles en sus propios terrenos.

Los ámbitos emergentes de la delincuencia organizada requerirán de novedosos y pertinentes marcos de lucha, prevención y represión; desde luego, los especialistas en el diseño y conducción de la nueva Política Criminal, aguzarán sus inteligencias, imaginación y disposición, para instrumentar el cambio.

Por eso hoy también aquí frente a ustedes y junto a ustedes quiero invitarlos a hacer un compromiso serio, decidido y constante contra esta forma de esclavitud humana que afecta a hijas, madres, jóvenes, niños y niñas socavando a nuestras comunidades y amenazando con nuevas formas de operación y nuevos retos de expansión

Son formas delictivas que propician la desaparición de personas, que generan pérdida de identidad humana y que vulneran a las familias mexicanas. Familias enteras que han perdido hijas o hijos; madres solteras que en la desesperación delinquen o son presa fácil de explotadores; redes internacionales que “desaparecen” personas e identidades y que financian una enorme red de complicidades.

EdgarElias1

Señores procuradores y fiscales:

Estamos frente a tremendas encrucijadas. Caminos que bifurcan y se multiplican. Los retos son enormes pero debe ser más grande nuestra voluntad unida en esta Conferencia y en la CONATRIB; lo que hagamos o dejemos de hacer en estos momentos va a determinar en buena medida el perfil del Nuevo Sistema Penal. Nuestras acciones van a construir un legado que estoy seguro deberá perfilar un modelo exitoso, pero debemos actuar, debemos adelantarnos a los acontecimientos, ponernos en la cresta de la ola, en el vórtice de los problemas, en el corazón y en el alma de nuestro novel sistema.

Por eso hoy he querido plantear estos temas a su consideración; ambos suponen colaboración permanente y compromiso sin condición; son temas que nos reclaman la sociedad mexicana y la dignidad humana, la de nuestra gente, la de nuestras familias, la de nuestras comunidades. Nunca como ahora el trabajo conjunto de Procuradurías y Tribunales estuvo llamado a una cruzada de enorme trascendencia. La importancia de nuestra acción reside en no perder la visión, el rumbo, la perseverancia y el sentido de colaboración más allá  de nuestras diferencias, sin mezquindad, con altura de miras, con convicción, con sentido de trascendencia y responsabilidad.

Muchas Gracias!!!!!!!!