• Ante el conocimiento de hechos de tortura se debe garantizar una investigación imparcial y expedita.

 

La mesa de trabajo Retos para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Tortura, desde la Perspectiva de la Función Jurisdiccional del XXXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, tuvo como ponentes a la Lic. Celia Marín Sasaki, Magistrada de la 5a Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; el Dr. Jaime Cárdenas Camacho, Subdirector Pericial del Instituto de Ciencias Forenses; el Mtro. Juan Carlos Arjona Estebes, Académico de la Universidad Iberoamericana; el Dr. Mario Santiago, Especialista en Derechos Humanos; y como moderadora la Mtra. Elena Lugo del Castillo, Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

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Durante la participación de cada uno de los ponentes se generó un espacio de discusión que permitió identificar la problemática actual del tema de la tortura en el país, así como el tema de los peritajes, haciendo referencia al protocolo de Estambul y demás manuales e instrumentos en materia de tortura.

La Magistrada Marín centró su participación en las observaciones que han hecho a México organismos internacionales, puntualizando el tema de la tortura como medio de obtención de pruebas y la falta de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Por su parte, el Dr. Santiago puntualizó la definición de tortura que consta de intimidad, castigar, coaccionar, discriminar, infligir dolor o sufrimientos graves a las personas. También recalcó la necesidad de investigar a grupos en situación de vulnerabilidad como las personas privadas de la libertad o en las estaciones migratorias.

 

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Durante su intervención el Mtro. Arjona se refirió al principio de buena fe cuando una persona dice haber sido torturada, las obligaciones del Estado son garantizar y proteger los derechos humanos, ver qué se está haciendo y que se haga adecuadamente.

Por último, el Dr. Cárdenas se refirió a la prueba pericial en el delito de tortura, refiriéndose particularmente al protocolo de Estambul, indicando que no es la única herramienta para determinar la tortura, afirmó que pueden considerarse también dictámenes periciales diversos o revisiones médicas y psicológicas diversas.

Después de una larga jornada de trabajo y de retroalimentación por parte de los asistentes, fue posible llegar a importantes conclusiones como la obligación de los juzgadores a velar por la integridad de las personas así como distinguir a la tortura como delito y violación a los derechos humanos.