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    CONATRIB
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    LOS JUECES ANTE LA TORTURA. LINEAMIENTOS PARA  SU ACTUACIÓN[1].

    El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, impone la obligación a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dicha norma constitucional, de conformidad con el sentido y alcance que le ha sido atribuido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, inter alia, el expediente varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011, preconiza el papel de los jueces nacionales como garantes de los derechos humanos.

    Es así que todos los juzgadores del país, con independencia de fuero o jerarquía, tienen el indeclinable carácter de jueces de derechos humanos, con lo que se ratifica el contenido imperativo de la Constitución como norma jurídica prevalente y vinculante en la función de juzgar, así como el carácter indisponible de los derechos fundamentales. Lo anterior significa que los juzgadores de cualquier instancia deben aplicar judicialmente la Constitución y los tratados internacionales, para someter los actos de autoridad de los que deban conocer —como son los cumplidos por el Ministerio Público y la policía en la fase de investigación del delito y averiguación previa— a un análisis de compatibilidad con el contenido de los derechos humanos en concernencia, para lo cual se deberá atender a la interpretación normativa autorizada que otorgue mayor amplitud a su protección, bien sea de cuño nacional o bien del sistema universal, incluido, por supuesto, el interamericano.

    De conformidad con el estándar internacional[2], así como a la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda autoridad que tenga noticia de un acto constitutivo de un probable delito de tortura, tiene el deber efectuar su denuncia; la omisión de hacerlo constituye un falta de a los deberes básicos de legalidad y profesionalismo, sancionable en sede disciplinaria, e incluso una conducta tipificada como delito en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura[3].

    Por lo tanto, sin excepción alguna, cuando un juez de instancia o tribunal de apelación reciba la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, o cuando adviertan indicios de su perpetración, o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura[4], oficiosamente y de inmediato, deberán cumplir con dos obligaciones[5]:

    • En primer lugar, presentar formal denuncia al Ministerio Público para que éste, conforme a su competencia constitucional, inicie una investigación pronta, objetiva e imparcial, llevada con debida diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, sobre la probable comisión del delito de tortura[6].

    A tal efecto,  el juzgador deberá acompañar el registro o copia certificada del acta donde conste el acto procesal (declaración inicial, declaración preparatoria, ampliación de declaración, comparecencia, careo, etcétera) en el cual obre la expresión del imputado (o del testigo, en su caso) de la noticia de la tortura.

    • En segundo término, realizar una revisión exhaustiva de los registros y autos de la causa, para el efecto de analizar si existen indicios que sustenten, bajo un parámetro de probabilidad razonable, la veracidad de la tortura alegada por el imputado, o bien para determinar la naturaleza y origen de las lesiones que presentare, a fin de dilucidar si la declaración autoincriminatoria fue producida sin coacción,  a efecto de determinar la aplicación de la regla de exclusión probatoria respecto de dicha confesión, así como los elementos probatorios directamente obtenidos a partir de ella, en la resolución de término constitucional o en la sentencia, según sea el caso.

    De encontrarse indicios de violencia ejercida sobre el imputado, deberá aplicarse el estándar interamericano, vinculante para  todos los juzgadores nacionales, que establece que la carga de la prueba sobre la ilicitud de la declaración confesoria no corresponde al encausado sino  al órgano de la acusación.[7]

    Ante la inexistencia o insuficiencia de indicios que la corroboren, o cuando  la tortura alegada fuera del tipo de aquellas que no dejan rastro, huella o vestigio físico, el juzgador deberá abrir una investigación a fin de dilucidar, dentro del proceso, si se violaron los derechos humanos del imputado a la integridad personal y a no declarar contra sí mismo, como partes del debido proceso; para tal efecto, el juzgador goza de libertad probatoria por lo que podrá acordar los actos y diligencias que estime pertinentes para dicho particular.

    En este supuesto, el juzgador podrá ordenar la realización al imputado de pericial médico-psicológico conforme al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). Para ello, deberá atender y verificar si existe algún tipo de restricción para su aplicación, y si existe o no consentimiento informado de la persona denunciante.

    Previo a dictar el cierre de instrucción o abrir el proceso a juicio, según sea el caso, el Juez de la causa deberá requerir al Ministerio Público informe sobre el resultado de la investigación iniciada en virtud de la denuncia presentada. Bajo la premisa que, de conformidad con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dos investigaciones —la que concierne a la tortura como delito, que atañe exclusivamente al Ministerio Público, y la que respecta a la tortura como violación de derecho humanos, que compete al juzgador— son autónomas, por lo que no resulta necesario que se tenga por acreditada la tortura como delito para el efecto de tenerla por acreditada como violación de derechos fundamentales.[8]

    Independientemente del informe sobre el resultado de la averiguación previa o investigación de la tortura que le remita el Ministerio Público, el juzgador, con base en los actos de prueba por él ordenados de manera oficiosa, deberá determinar si en el caso se encuentra acreditada la existencia de tortura —en su vertiente de violación de derechos humanos—, con las consecuencias procesales condignas, es de decir, la aplicación de la regla de exclusión de prueba ilícita.


    Referencias:

    [1] Documento elaborado por el Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en cumplimiento del acuerdo 06-01/2016, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).
    [2] Cfr. La tortura en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, México/Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2015, in extenso.
    [3] ARTICULO 11o.- El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento.
    [4] Cfr. Sentencia de la Corte IDH en el caso Bayarri vs. Argentina, párrafo 92: “A la luz de lo anterior, este Tribunal debe reiterar que aun cuando la aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no haya sido denunciada ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento”. Asimismo, caso J.vs. Perú, párrafo 346.
    [5] Cfr. Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCVI/2014 (10ª).
    [6] Cfr. Guía de Operadores Jurídicos. Protegiendo a las personas contra la tortura en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación/International Bar Association´s Human Right Institute. Pág. 65. Asimismo, la sentencia de la Corte IDH en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafos 135 y 136.
    [7] Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Fondo, cit., párrafo 136.
    [8] Consultar  tesis con número de registro 2006484 y la ejecutoria correspondiente.
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