El pasado 21 de agosto entraron en vigor las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, en materia de mediación, mismas que se publicaron un día antes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Las reformas no sólo incluyen al mediador privado como auxiliar de la administración de justicia, sino que se contempla la figura de los facilitadores penales y se otorgan al Centro de Justicia Alternativa, atribuciones para operar como órgano especializado, en los términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Las reformas a las Leyes citadas, contemplan una modificación a los requisitos para ser mediador privado certificado. Antes, sólo Abogados o Licenciados en Derecho podían aspirar para certificarse como tales, pero en otras latitudes se ha demostrado que ello no es indispensable puesto que profesionales de otras ramas distintas al Derecho pueden asumir eficaz y responsablemente funciones como mediadores.

En ese sentido, a tono con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que establece como requisito para ser facilitador “…poseer grado de licenciatura afín a las labores que deberán desarrollar…”, las reformas abren la posibilidad de que profesionales de diversas ramas y no necesariamente sólo las afines al Derecho, puedan desarrollar labores como mediadores.

No obstante, acorde a las nuevas reformas, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tiene un papel fundamental en cuanto al proceso de certificación y acciones de supervisión en el control de formación de los mediadores, lo que garantiza que los servicios de mediación sean de la más alta calidad jurídica, por lo que en el caso de que profesionales ajenos al Derecho se pretendan certificar como mediadores, abogados del Tribunal les supervisarán por cuanto hace a los convenios que generen en la ejecución de sus labores, ya que en términos de Ley, dichos convenios surten todos los efectos de una sentencia.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se sitúa sintonía plena con las tendencias internacionales de vanguardia en materia de mediación, garantizando a los ciudadanos mexicanos la impartición de justicia pronta y expedita, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.