Por Edgar Elías Azar

Alejandro Nieto en El desgobierno judicial, argumenta que una de las raíces más comunes de esta clase de desgobierno es “la escasez de medios materiales y personales” para administrar justicia. Nieto, como cualquier otro interesado en el tema, dice que la solución está en el aumento del presupuesto, y sí este no se logra es “cabalmente porque el gobierno no quiere”. Porque en el balance de equilibrios presupuestales que se realiza año con año, se pone a competir a la administración de justicia con otros servicios como la infraestructura de transporte, subvenciones de apoyo social o con la investigación científica. Desde el punto de vista de la economía política, el resultado es obvio: por qué dar dinero a ese silencioso estático aparato de justicia a la que nadie presta atención hasta que lo necesita.

La única fórmula que puede solucionar el problema que Nieto señala, es la de elaborar un mecanismo de corresponsabilidad entre los poderes judiciales y los ejecutivos en el gasto de los poderes judiciales locales. No hay otra forma.

Los poderes judiciales están pasando por un proceso inédito en nuestro país: la profesionalización de nuestras plantillas judiciales, la implementación de las reformas en materia de oralidad (en todas las materias, no únicamente la penal), la modernización de nuestros procesos administrativos con el fin de mejorar los trámites de la justicia mexicana y, al mismo tiempo, mantener los procesos judiciales tradicionales con todo lo que eso requiere.

Esta situación ha puesto a muchos poderes judiciales en una posición de franca fragilidad. El presupuesto de los poderes judiciales se piensa como una cartera que debe cubrir las exigencias básicas del Poder Judicial: salarios, compra de ciertos recursos (papelería, material de oficina), y recursos suficientes para el mantenimiento de sus instalaciones. Por ello, los congresos locales y los poderes ejecutivos estatales dan a estos “estáticos” poderes, que se ven sin mayores necesidades y pretensiones, los recursos suficientes para cubrir su “gasto” ordinario; de ahí, el anquilosamiento y la falta de modernización de la judicatura mexicana. No es por falta de inventiva o de interés, si no de los medios necesarios para materializar proyectos.

Sin embargo, ante un momento clave para la historia de la justicia en México, la tradición aparentemente continúa, pero ahora con el añadido de que los poderes judiciales tienen una serie de exigencias políticas, jurídicas y sociales de enorme relevancia para el país. Tienen en sus manos el futuro de la justicia en México y, debe maniobrar con los mismos recursos que siempre les otorgan. Esto, sin duda, no sólo afecta a la administración y a la gobernanza de los poderes judiciales que deben hacer oro con corcholatas, sino que comienza a afectar a los trabajadores de los mismos tribunales; con las consecuencias obvias que esto contrae para cualquier ciudad.

Este es el caso específico del Poder Judicial del Estado de Michoacán. El cual, como muchos otros en el país, ha tenido que hacer frente a estas exigencias que ante el tope presupuestal otorgado, parecen inauditas, y en el proceso se ha quedado sin recursos afectado directamente a sus propios trabajadores y cerrando las puertas de la justicia.

Este caso debe servir como ejemplo, pero también como síntoma o alarma de lo que hemos venido repitiendo continuamente: la necesidad de una responsabilidad compartida entre los poderes judiciales y ejecutivos, en la aportación de recursos para cubrir las necesidades más apremiantes de este proceso inédito de modernización y mejora de la judicatura nacional. Los presupuestos diseñados para cubrir las necesidades básicas, están poniendo a los Consejos de la Judicatura en la difícil tarea de tener que elegir entre pagar a sus trabajadores o continuar con la implementación de las reformas.

Sin duda alguna, el presidente Peña Nieto ha demostrado ese compromiso con los poderes judiciales locales. Empero, ese compromiso lo tienen que hacer suyo, también, todos los representantes de los ejecutivos locales.

Voluntad e ingenio no faltan, lo que se requiere son los medios necesarios para materializar la exigencias actuales de la justicia en México.

Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal