Por primera vez en Ciudad Juárez, un tribunal del fuero común declinó la competencia a un tribunal indígena para que juzgara a un menor de edad, acusado del delito de lesiones calificadas, conforme a sus usos y costumbres.

3.3

Los hechos sucedieron en un rancho ubicado en Nuevo Casas Grandes, región que pertenece al Distrito Judicial Galeana y debido a que los jueces especializados en justicia para Menores Infractores con sede en Ciudad Juárez tienen jurisdicción en aquella ciudad el caso fue turnado a un juzgador que despacha en esta frontera.

El pasado miércoles 6 de mayo, el Juez de Justicia para Adolescentes de la entidad, Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz; hizo entrega del presunto culpable a tres autoridades indígenas, Gregorio Aro Segura, Gobernador Indígena de Baquiriachi, Municipio de Balleza; Arnulfo Bustillos Molina, Tercer Gobernador de la Comunidad de Santa Rita, en Guachochi y Albino Cruz Bustillos Primer Gobernador de la Comunidad Rocherachic.

Después de los hechos, la víctima regresó a la sierra y para que el presunto responsable fuera juzgado de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad Tarahumara, se requería de la realización de un dictamen antropológico tanto a la víctima como del acusado.

Por lo que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron a la víctima en la sierra para la realización del estudio.

Una vez que el estudio arrojó que ambos involucrados son indígenas, los tres gobernadores viajaron a Ciudad Juárez. Primero estuvieron presentes en una audiencia a cargo del Juez Gutiérrez Ortiz, en la cual este declinó la competencia y luego se trasladaron a la colonia Tarahumara en Ciudad Juárez a donde también fue llevado el acusado, por parte de elementos de la Policía Procesal.

En el salón de actos de la colonia Tarahumara, los tres gobernadores auxiliados por capitanes que hacen una función similar a la de los agentes de la Policía Procesal al portar lanzas y colocarse a un lado de los líderes tarahumaras, el menor de 16 años fue juzgado.Se le sentenció a pagar mil pesos por concepto de traslado de la víctima y al final ambos involucrados se estrecharon la mano.

Posteriormente el tribunal del fuero común se volvió a constituir y los gobernadores le informaron lo que ellos resolvieron; lo que permitió que Gutiérrez Ortiz decretara el sobreseimiento del proceso penal y por tanto el menor obtuvo su libertad.

En entrevista Gutiérrez Ortiz señaló que este es el primer juicio indígena que se lleva a cabo luego de que una autoridad judicial remite a un tribunal indígena el asunto, tras la realización de un dictamen antropológico. “Este ejercicio se llama inter-legalidad. Dos sistemas normativos distintos que se coordinan para resolver un determinado problema jurídico”, comentó.

3.1